La principal funcionaria de educación de Illinois instó a las escuelas a dejar de trabajar con la policía para multar por mala conducta a los estudiantes, horas después de que una investigación realizada por Tribune y ProPublica revelara que las escuelas de todo el estado evaden las leyes diseñadas para prohibir las multas a los estudiantes.
En una súplica enérgica enviada a los funcionarios de todo Illinois, Carmen Ayala, superintendente de Educación de Illinois, dijo que las costosas tarifas asociadas con las multas pueden ser inmensamente dañinas para las familias y que no hay evidencia de que mejoren el comportamiento de los estudiantes. Los funcionarios escolares que remiten a los estudiantes a la policía por multas “abdicaron su responsabilidad por la disciplina de los estudiantes a la policía local”, escribió el jueves, el día en que se publicó la investigación “El precio que pagan los niños”.
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“Si su distrito/escuelas están involucradas en esta práctica, les imploro que se detengan de inmediato y consideren tanto el costo como las consecuencias de estas multas”, escribió Ayala. Ella resaltó esa oración en negritas en un correo electrónico de 800 palabras a los superintendentes y directores.
La Junta de Educación de Illinois tiene la intención de encuestar a los distritos escolares para obtener más información sobre sus prácticas disciplinarias, escribió Ayala. También advirtió que la junta estatal investigará “el incumplimiento de la ley estatal, cuando corresponda, y trabajará con los legisladores para cerrar las lagunas en la ley estatal”.
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El viernes, el gobernador J.B. Pritzker dijo que el informe de Tribune-ProPublica era “algo que abordamos de inmediato” y que las conversaciones con los legisladores ya estaban en marcha.
“Queremos ver qué se requerirá exactamente para asegurarnos de que esto no suceda en ninguna parte de Illinois”, dijo Pritzker. “Apuesto a que vas a ver una legislación sobre esto”.
En “El precio que pagan los niños”, ProPublica y el Tribune informaron que los departamentos locales de policía emiten miles de multas al año a los estudiantes por infracciones a las leyes municipales, a menudo por mala conducta tan leve como tirar basura o vapear. Cada multa puede generar cientos de dólares en multas o tarifas, lo que obliga a muchas familias a realizar planes de pago onerosos que pueden socavar sus ingresos
La falta de pago puede tener implicaciones duraderas y graves. Algunas comunidades envían la deuda de las multas escolares a las agencias de cobro y advierten sobre el embargo de salarios, gravámenes y la pérdida de los privilegios de conducir si no se paga la deuda. Otros municipios han utilizado un programa disponible a través de la oficina del contralor del estado para deducir dinero de los reembolsos de impuestos y cheques de nómina de las personas.
[ Lee la investigación “El precio que pagan los niños” ]
“Las únicas consecuencias de las multas son imponer una carga financiera a las familias que ya tienen dificultades y hacer que los estudiantes se sientan aún menos atendidos, menos bienvenidos y menos incluidos en la escuela, lo que a su vez conduce a un comportamiento más antisocial y desafiante”, escribió Ayala en su carta.
Una ley de Illinois aprobada en 2015 prohíbe que las escuelas usar multas para disciplinar a los estudiantes. En cambio, la investigación encontró que las escuelas han estado remitiendo a los estudiantes a la policía, que luego emite multas costosas, aprovechando lo que Ayala denominó una “laguna legal” en la ley. Los estudiantes recibieron más de 11,800 multas por mala conducta escolar en los últimos tres años escolares, encontraron las reporteras.
Otra ley, que data de 2019, prohíbe directamente que las escuelas informen a las autoridades sobre los estudiantes que faltan a clases para que puedan ser multados. Pero la investigación identificó alrededor de 40 escuelas o distritos que remiten a los estudiantes a la policía por ausentismo escolar.
[ ¿La policía emite multas en tu distrito escolar? Descúbrelo aquí ]
La investigación encontró que los estudiantes recibieron multas con mayor frecuencia por posesión de dispositivos de vapeo o cannabis, alteración del orden público, peleas y ausentismo escolar. Pero la policía también emitió multas por delitos como tirar basura, perturbar y dañar la propiedad, por ejemplo, por romper una jabonera en el baño de una escuela. La investigación se centró en las secundarias, pero descubrió que los niños menores de 12 años también habían recibido multas en algunos distritos K-12.
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La investigación examinó 199 distritos escolares e identificó multas de estudiantes en 141 de ellos. Para comprender la frecuencia y el impacto de las multas en las escuelas, los reporteros presentaron 500 solicitudes de la Ley de Libertad de Información a los distritos y departamentos de policía y asistieron a más de 50 audiencias en tribunales y municipios de todo el estado.
Tantos estudiantes son multados en algunas ciudades y pueblos que los estudiantes constituyen la mayoría de las personas que asisten a las audiencias municipales por violaciones de ordenanzas. Las audiencias generalmente se llevan a cabo durante el día, lo que obliga a los estudiantes a faltar a la escuela. Ayala señaló que multar a los estudiantes por ausentismo escolar “en realidad puede empeorar la asistencia de los estudiantes”.
En su carta, Ayala escribió que si bien es posible que algunas personas que no crecieron en la pobreza no entiendan el impacto de una multa de $250, puede obligar a las personas a elegir entre pagar la comida, comprar gasolina para ir al trabajo o pagar la factura de la calefacción.
“Para más del 50 por ciento de nuestros estudiantes y familias en Illinois que califican como de bajos ingresos, pagar $250 por una multa significa que las luces de la casa literalmente se apagarán, mamá y papá no tendrán combustible para ir a trabajar, o no habrá comida caliente en la mesa”, escribió. “Incluso una multa de $40 tiene un impacto tangible en la seguridad y el bienestar de toda una familia”.
Pritzker dijo que “imponer multas a los estudiantes que están en nuestro sistema K-12 no ayuda. … No ayuda, no cambia el comportamiento, y simplemente pone a las familias en riesgo”.
[ Lea más sobre cómo reportamos “El precio que pagan los niños” ]
En una guía emitida el mes pasado, la junta estatal de educación y el fiscal general Kwame Raoul instaron a las escuelas a reevaluar las políticas disciplinarias punitivas, como las suspensiones; la guía no abordó las citaciones policiales.
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La junta estatal también ha estado trabajando con educadores en aproximadamente media docena de distritos escolares este año en intervenciones conductuales más positivas para los estudiantes. A través de la Asociación para la Equidad Disciplinaria de la junta en conjunto con varias universidades, financiada con $2 millones en fondos federales de ayuda para la pandemia, los educadores K-12 están aprendiendo sobre prácticas de justicia restaurativa y otras técnicas que enfatizan la resolución de conflictos con discusión y resolución de problemas.
Los legisladores detrás de la ley de 2015 que prohíbe que las escuelas multen a los estudiantes dijeron que les preocupaba saber por el Tribune y ProPublica que la policía estaba emitiendo costosas multas a los niños en la escuela. El actual presidente de la Cámara, Emanuel “Chris” Welch, quien fue uno de los patrocinadores de la legislación, dijo que la Asamblea General debería revisar la ley a la luz de los hallazgos de la investigación.
Smith Richards reportera de Tribune. Cohen es una reportera de ProPublica con sede en Chicago
- Este texto fue traducido por Octavio López/TCA
